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Viernes 12 de Noviembre de 2010

Por Cristina Monge, Directora de proyección externa Fundación Ecología y Desarrollo. Firma este artículo con Abel La Calle, vicepresidente Fundación Nueva Cultura del Agua.

La directiva europea nos obliga a pasar de la gestión del agua como recurso a la gestión de los ecosistemas.

Muchos hemos sido los que, de unos meses a esta parte, nos hemos echado a temblar creyendo ver cómo se reeditaban y revivían viejas tensiones entre Aragón y Cataluña en materia de gestión del agua. Más bien, de gestión del Ebro.

La Directiva Marco del Agua (DMA), de obligado cumplimiento para todos los países de la UE, nos plantea una forma de planificar diferente a la que hemos estado aplicando hasta ahora. Diferente en las formas --nuevos procedimientos, nuevos trámites--, y en el fondo.

La directiva supone un cambio de paradigma en la gestión del agua. Si hasta ahora las políticas del agua han considerado a ésta principalmente como un recurso productivo, ahora, la directiva nos obliga a pasar de la gestión del recurso a la gestión de los ecosistemas. Es decir: la lógica ya no es, ¿qué podemos producir con el agua que transporta el río?, sino la contraria: ¿qué es necesario para mantener el "buen estado ecológico de las masas de agua"?, y esta pregunta opera de manera restrictiva para el resto de usos. Esto es lo que la DMA plantea, y a esto nos hemos comprometido los 27 Estados miembros de la UE.

Así las cosas, si el objetivo es común y es de semejante amplitud, difícilmente dos comunidades autónomas pueden presentar graves discrepancias. Quedan muchas cosas por aclarar: la propia Ley de Aguas española presenta hoy en día contradicciones y lagunas jurídicas en su relación con la DMA. Si a esto le unimos la dificultad de gestionar los recursos naturales en un país complejo desde el punto de vista administrativo como es España, es obvio que quedan muchas dudas por resolver y lagunas que habrá que cubrir. Pero, como recordaba hace unos días uno de los ponentes de la mesa redonda "Vecindad en el Ebro: el desafío común de la planificación del agua" que se celebraba dentro de la agenda ciudadana de "Aguas, Ríos y Pueblos", mientras 14 Estados se han puesto de acuerdo para gestionar el Danubio, en España aún no hemos conseguido consensuar qué es la cuenca del Júcar.

Nuestro país presenta complejidades propias: la unidad de cuenca debe conjugarse con la participación de los territorios que comparten una cuenca fluvial. Así, al papel de guardián de la unidad de cuenca que les corresponde a las confederaciones hidrográficas hay que unir la demanda de participación de las comunidades autónomas. Nadie dijo que fuera fácil, pero comparado con la dimensión del objetivo común, puede parecer que estas dudas, lagunas o dificultades en la gestión, son los árboles que no nos dejan ver el bosque.

Mucho más difícil de resolver sería que se presentaran problemas de fondo a la hora de debatir cuestiones esenciales como los caudales ambientales a lo largo de toda la cuenca.

Las discrepancias que el Gobierno de Aragón planteó al Plan de Gestión de Cuencas Internas de Cataluña se basaban en un defecto de forma, que la Generalitat ha remediado dividiendo en dos partes lo que hasta entonces era un solo documento; y a la vez, la Agencia Catalana del Agua ha admitido la calificación como "acuíferos compartidos" de los tres acuíferos que estaban en disputa.

Los procedimientos administrativos y judiciales están, efectivamente, para resolver este tipo de cuestiones, de fondo y forma, y para ayudar a clarificar dudas que pueden surgir como consecuencia de poner en marcha una nueva manera de planificar que responde a nuevos fines. Pero los árboles no deben impedirnos ver el bosque, y estos defectos de forma no pueden esconder el objetivo principal de la Directiva Marco del Agua, que no es otro que alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua, por encima de otras consideraciones. A estas alturas del siglo XXI, para Europa, esto ya es indiscutible.

Publicado en El Periódico de Aragón el 12/11/2010

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