Por Carmelo Marcén Albero
Cada vez que observamos imágenes en donde se escenifican las penurias de mucha gente para conseguir agua para beber o cuando vemos niños descalzos al lado de aguas residuales que fluyen por las calles de sus pueblos, no podemos evitar una enorme tristeza social. No tienen nombres y apellidos, son solamente una muestra de los 884 millones de personas que todavía no disponen de acceso al agua potable o de los más de 2.600 millones que carecen de un saneamiento básico (40% de la población mundial).
En un mundo en el que la revolución telemática llega a cualquier rincón del planeta, disponer de agua y saneamiento es una quimera para muchas personas. Por eso, después de 15 años de debate, la aprobación el pasado 28 de julio por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución en la que reconoce el acceso universal al agua y saneamiento como un derecho humano es una de las mejores noticias de este verano, por más que se haya producido con la abstención de 41 países. En ella se pide a los Estados y organizaciones internacionales que aporten recursos financieros, creen capacidades y transfieran tecnología, en particular a los países en desarrollo; que intensifiquen los esfuerzos para proporcionar agua (potable, accesible y asequible) y saneamiento para todos. En la misma resolución se recordaba la promesa de los dirigentes mundiales de reducir en 2015 a la mitad la proporción de personas que no disponían de agua potable y saneamiento, dentro de los Objetivos del Milenio. Así se evitaría que su falta originase anualmente más muertes infantiles que el SIDA, la malaria y el sarampión combinados. El mensaje “No es la falta de agua lo que mata, es el agua sucia” que Le Monde incluía el 29 de julio al dar cuenta de la aprobación es ilustrativo del dislate social que tenemos planteado.
Sabemos que la mera aprobación no resolverá los problemas actuales pero constituye en sí misma un regulador tanto de la intervención mundial como de cada país, y sin duda tendrá su repercusión en el futuro. De hecho, la mayor parte de los países que alcanzan los mejores indicadores en agua y saneamiento son los que tienen reconocido este derecho en sus legislaciones. La decisión puede convertirse en una herramienta de intervención que ya está presente en acciones de varias oficinas de la ONU como PNUD o UNICEF y ONGs como Intermón y Alianza por el agua, así como en otras iniciativas sociales. A la cooperación humanitaria en situaciones extremas que despliegan éstas –de alcance limitado-, hay que añadir la mejora de la gobernabilidad del agua para reducir esas contingencias, por lo que se precisan proyectos globales a más largo plazo. Para avanzar en esta dirección es necesaria una estructura legislativa que proteja al ciudadano frente a los poderes públicos que han de proporcionarle este derecho –algunos lo han incorporado a su Constitución-, y que pueda ser utilizada en las relaciones internacionales como arbitrio de las mismas y contrapeso de las ayudas, aunque costará tiempo su consumación. También es vital para impedir las maniobras que desarrollan las grandes compañías internacionales suministradoras que, como saben que “derecho humano” es opuesto a “negocio”, luchan por apropiarse de los caudales económicos ligados al agua en los países pobres y ponen obstáculos a los acuerdos globales, como alertaban varios países americanos –principales impulsores de la iniciativa de derecho humano- y periódicos como The Guardian en los días previos a la asamblea. Es injusto que en el Tercer Mundo paguen por agua y saneamiento de peor calidad (cuando estos existen) cinco veces lo que en Europa.
Sin duda, muchas personas se sorprenderán de que el acceso al agua no fuese todavía un derecho universal reconocido, porque parece que va indisolublemente ligado al hecho de ser persona. No quedan tan lejos en España carencias similares. En pueblos de Aragón, incluso a 30 km de Zaragoza, no se disponía de abastecimiento y saneamiento hace 30 años. Conseguirlo supuso para sus habitantes un gran salto en el tiempo, una sustancial mejora en su calidad de vida. Por eso, el apoyo a iniciativas en las que se promueva el avance de las condiciones de vida de los demás es una deuda social, un compromiso para quienes crean que es imprescindible un mundo más equitativo.
Publicado en el Heraldo de Aragón