Por María José González Ordovás - Consejera de Ecodes. Profesora de la Facultad de Derecho (Universidad de Zaragoza).
Es habitual que al finalizar el año se haga balance de aquellas situaciones que más nos inquietan, así los medios de comunicación nos facilitan la foto fija de diversas cuestiones entre las que ocupa un lugar destacado las muertes por violencia de género. A decir verdad ésa es una reducción simplificadora del tema de la violencia en pareja pues los datos aportados se refieren únicamente a las mujeres muertas por obra de sus parejas o exparejas habiéndose decidido, con mayor o menor acierto, no hacer pública la cifra de hombres muertos a manos de sus parejas o exparejas. Se trata en todo caso de una decisión política tras la que no veo mala intención sino un intento de corregir conductas reprochables más abundantes entre hombres que entre mujeres a juzgar por los números de denuncias, de víctimas y de muertes.
Sin embargo, y pese al riesgo de que me consideren políticamente incorrecta, no creo que simplificar un problema tan complejo y grave ayude a su tratamiento y solución. Primero porque en este caso, como en tantos otros, lo cuantitativo no debe ser empleado como argumento suficiente que desplace y anule lo cualitativo y segundo porque sólo conociendo toda la dimensión y profundidad del uso de la violencia en nuestras sociedades estaremos en disposición de realizar un diagnóstico más certero de cara a encauzar debidamente la cuestión. La violencia escolar, la violencia a los menores o la violencia sobre los mayores son distintas aristas de una angulosa realidad que nos envuelve y rodea exaltada y bendecida por el cine, que se pavonea por las televisiones en todo tipo de horarios y para todo tipo de audiencias.
MÁS SUTIL Y silenciosa detrás de todo tipo de violencia hay una voluntad desmedida por el sometimiento al otro, al más débil, al dependiente sometimiento que las más de las veces sirve como forma de autoafirmación de personas convencidas de ser modelos de corrección que, llegado el caso, habrán de imponerse a la fuerza aniquilando la seguridad, la autoestima, la vida misma de quienes con ellas conviven o lo hicieron antes. Es verdad que un largo pasado de desigualdades no se disipa como lo hace un cielo nublado con la ayuda del aire, porque por mucho que lo deseemos las leyes, las normas en general, no tienen el efecto rápido y reparador del viento.
No se educa ni reeduca a base ni a golpe de decretos, con ser importantes las normas no pueden solucionar por sí mismas lo que les excede. ¿Acaso deja de haber muertes violentas en los países en que todavía existe la pena de muerte? No, de poco o de ningún aval sirven esos datos por mucho que se empeñen los políticos populistas de turno, basta con ver los contrastados estudios de Amnistía Internacional al respecto. Esas normas no han conseguido erradicar las conductas que aborrecían y que, por otra parte, ellas mismas institucionalizan. La ley integral contra la violencia de género es una ley cuya principal virtud es la de tratar de abordar de forma precisamente integral un problema con demasiados flecos, y eso la hace importante, no obstante, por sí sola no podrá solucionar las tragedias de quienes a diario viven o temen una inminente agresión, amenaza, humillación, dolor... una existencia sin vida.
No le pidamos al Derecho lo que el Derecho no nos puede dar, por supuesto que le necesitamos, precisamos de normas y que, como decía Don Quijote a Sancho en sus recomendaciones para la Ínsula Barataria, sean pocas y se cumplan, pero sobre todo, por encima de todo, necesitamos convertirnos en una sociedad que no vuelva los ojos ante lo fundamental, que haga de la educación y no sólo de la formación su verdadero baluarte y su seña de identidad. Según parece exigir el guión de los tiempos somos una sociedad abocada a la búsqueda permanente de nuevas reglas, de acuerdo, estamos obligados a reinventarnos, de acuerdo, pero ello no puede difuminar principios básicos como el del respeto al otro, considerado siempre un fin en sí mismo y no un utensilio a mi alcance.
Publicado en El Periódico de Aragón (31/12/2010)