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Jueves 24 de Febrero de 2011

Por José Luis Batalla - Vicepresidente de la Fundación Ecología y Desarrollo

Cuando un tema levanta pasiones es difícil aplicar la serenidad que requieren todas las transiciones. Y eso es exactamente lo que pasa en Aragón al hablar del agua. Estamos viviendo una transición hidrológica en la que progresivamente se va abandonando la idea del agua entendida exclusivamente como recurso productivo, para construir una visión holística en la que los ríos son vistos como ecosistemas que debemos conservar, tanto por su valor intrínseco como por los beneficios que nos reportan.

Al calor del debate surgido por la aparición de un informe del CEDEX que cuestiona la conveniencia del embalse de Biscarrués, podemos obtener valiosas enseñanzas.

UNO DE LOS GRANDES cambios que se están produciendo en la política del agua es el reconocimiento de nuevos actores. Si antes, al planificar qué hacer con nuestros ríos, se pensaba únicamente en usos agrícolas, ganaderos, hidroeléctricos, industriales o de abastecimiento, ahora, el número de actores ha crecido. En el plano económico, en el Gallego, se ha generado un importante dinamismo alrededor de los deportes de aventura y el turismo de calidad, gracias a las inversiones de pequeños empresarios que, desafiando al fantasma de la construcción del embalse, han apostado por la zona. Pero además, la nueva concepción de la Directiva Marco del Agua, reconoce como actores a todos los usuarios: a los que usan el agua para regar, a los que beben de él, a los que la necesitan para producir, pero también a los que pasean por riberas de los ríos o se bañan en sus aguas. Todos y todas disfrutamos de los ríos, y por tanto, todos y todas estamos llamados a conservarlos y a participar en los distintos procesos a los que la propia directiva marco europea alude.

Esto nos lleva a la segunda gran enseñanza: la necesidad de distinguir entre fines y medios. La vieja política del agua, enmarcada en un paradigma productivista, tenía en la construcción de embalses y grandes infraestructuras su principal exponente. Pero los tiempos de Costa pasaron, y a día de hoy, la ciencia y la tecnología han avanzando lo suficiente como para que sea posible obtener los mismos fines con otros medios menos dañinos. En el caso del conflicto del Gállego, el embalse de Biscarrués es solo un medio para conseguir el fin de obtener una cantidad de agua regulada, que puede lograrse, como se plasma en distintos informes, de diferentes maneras, con menores afecciones ambientales y menor coste.

Pero sin duda, la gran enseñanza de estas experiencias, es el valor del acuerdo. Los protagonistas del debate hidráulico en Aragón, con el apoyo del Gobierno, tuvieron la valentía de arropar la Iniciativa Social de Mediación (ISM) para los conflictos del agua, donde se sentó a la mesa a los distintos actores implicados en cada conflicto. Los resultados fueron muy desiguales, pero aportaron una gran enseñanza: allí donde se consiguió el acuerdo de todas las partes, las actuaciones acordadas están ya en marcha. Las obras de San Salvador --que se acordaron tras desechar el embalse de Santaliestra-- y las balsas laterales en el Matarraña una vez abandonado el proyecto del embalse de Torre del Compte, dan buena muestra de ello.

En aquellos otros casos en los que el acuerdo no fue posible, el conflicto sigue enredado en discusiones técnicas o procesos judiciales. Es el caso del conflicto sobre el recrecimiento del embalse de Yesa, la construcción del embalse de Mularroya o la polémica generada en torno a Biscarrués. En este último caso, y pese a que a veces voces interesadas puedan estar jugando a la ceremonia de la confusión, el acuerdo del embalse no llegó a alcanzarse. Desde la Comisión del Agua de Aragón se trabajó sobre el futuro del río Gállego consensuando, entre todas las partes, más de veinte puntos sobre distintos temas.

CUANDO LLEGÓ EL momento de abordar el debate del embalse, y ante la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo, se plantearon varias opciones: Los representantes agrícolas seguían manteniendo el proyecto inicial de un embalse de 192 hm3, los afectados mantenían en la opción de no hacer el embalse y por parte de la Iniciativa Social de Mediación se empezó a explorar la posibilidad del embalse de 35 hm3 junto con otras regulaciones laterales como posible opción de consenso.

En esta última opción se ha encaminado la acción de la Administración, pero la falta de acuerdo de las partes no es buena base para seguir por este camino. De hecho, se está intentando utilizar una evaluación de impacto ambiental para apoyar una u otra tesis cuando la finalidad de las evaluaciones de impacto ambiental es otra.

Y sobre todo, los tiempos transcurren y las políticas y posibilidades inversoras del Estado, varían. Aprendamos. Quizá sea buen momento para tomar nota de las enseñanzas que vamos obteniendo de este proceso de transición y hacer un ejercicio de inteligencia que nos permita distinguir los fines de los medios y alcanzar un acuerdo. Si fuéramos capaces de esto, estaríamos muy cerca de alcanzar una sana madurez que nos permitiría completar esta transición.

Publicado en El Periódico de Aragón

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