«Las obras del Pacto del Agua tenían tres tipos de problemas: económicos, ambientales y sociales. Es decir, tenían un serio problema de sostenibilidad»

ATRAVESAMOS uno de esos momentos en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, si bien ya se empiezan a adivinar algunos de los elementos que marcarán los nuevos tiempos. La política hidráulica no es ajena a esta situación y, en concreto en Aragón, el Pacto del Agua es un buen ejemplo de una política que se acaba. Las obras más emblemáticas del Pacto, aprobadas hace más de veinte años, tenían tres tipos de problemas: económicos, ambientales y sociales. Es decir, tenían un serio problema de sostenibilidad.

Los problemas económicos se han visto cuando se ha intentado aplicar el principio de recuperación de costes que indica la Directiva Marco del Agua y se ha demostrado la inviabilidad de unas inversiones que en muchos casos, además, han visto multiplicado su presupuesto. Es el caso del embalse de Biscarrués, que ha pasado a segundo plano una vez que la declaración de impacto ambiental anuló la posibilidad de explotar el salto eléctrico, o el creciente presupuesto del recrecimiento de Yesa.

Las afecciones ambientales han sido un gran escollo en todos los grandes proyectos. Zonas especialmente vulnerables, como las áreas de montaña, o, en algunos casos, áreas enmarcadas en figuras de protección ambiental iban a ser afectadas por la construcción de embalses que arruinaban no sólo la superficie inundada, sino el conjunto de la zona. En este sentido, hay que prestar especial atención al caso del recrecimiento de Yesa, ya que los geólogos están alertando del enorme riesgo que suponen los deslizamientos.

Los problemas sociales han sido, sin duda, los más relevantes. Pueblos vecinos enfrentados por proyectos de embalses, donde los afectados mostraban su indignación por entender que se estaban poniendo unos territorios al servicio de otros y los defensores de las obras se sentían engañados por promesas que nunca llegaban, sin que, al mismo tiempo, se plantearan alternativas viables.

En definitiva, el Pacto del Agua es un buen ejemplo de un modelo de desarrollo que agoniza. Si repasamos las obras más emblemáticas, veremos que el polémico recrecimiento de Yesa sigue en los tribunales mientras se desalojan 60 viviendas fruto de los deslizamientos que las obras están provocando. El embalse de Biscarrués, como se ha mencionado, ha pasado a segundo plano ante la imposibilidad de turbinar, mientras el conflicto se ha instalado en la zona. Los dos únicos casos resueltos y en fase de implementación son el embalse de San Salvador, que sustituyó al polémico de Santaliestra, y las balsas del Matarraña, alternativas al proyecto del embalse de Torre del Compte. Estos dos últimos casos fueron objeto de acuerdo, por parte de todos los actores, en el marco de la Iniciativa Social de Mediación.

De esta experiencia se pueden sacar muchas lecciones. Fundamentalmente, la necesidad de gestionar el agua desde criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, el valor del acuerdo sobre cualquier proyecto que se quiera poner en marcha y la necesidad urgente de nuevos modelos de desarrollo que cumplan con estos criterios.

Artículo publicado en Heraldo de Aragón (22 de marzo de 2013).