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Martes 17 de Mayo de 2011

Víctor ViñualesVíctor Viñuales, director de ECODES, en Compromiso RSE.
Durante los últimos meses España ha vivido, y sigue viviendo, al borde del infarto. Esos ávidos “mercados” parecen exigir más y más recortes, menos gastos… No vamos a profundizar en este artículo en ese muy discutible camino, pero lo que es seguro es que para volver a llenar las arcas públicas hace falta una actividad económica recuperada, una actividad económica anclada en sectores que tengan larga vida. Para que los trabajadores contribuyan al pago de las pensiones, hacen falta trabajadores en activo y no desempleados.

Por eso el desafío principal sigue siendo cambiar el modelo productivo hacia una economía verde que cree empleos decentes. Una economía que mire al futuro, que aproveche la crisis y resista las tentaciones de volver a la “normalidad” tóxica que nos condujo a esta situación. En nuestro país existen más de cuatro millones de desempleados y, con urgencia, debemos crear empleo para ellos. Un empleo que no dañe nuestros ecosistemas, un empleo que se mantenga en el tiempo…

Sin embargo ¿de dónde sacamos ese dinero? Hacen falta muchos recursos económicos para que la deseable economía verde despegue. Recursos que a corto plazo no van a salir de los exhaustos presupuestos públicos. Hablaré, pues, de otras vías.

Primero: una apuesta ambiciosa por la Inversión Socialmente Responsable (ISR), que hasta ahora no se ha hecho en este país y sí se ha hecho en otros. Hace diez años en el Reino Unido aprobaron “The Pension Disclosure Regulation” (la ley de transparencia en las pensiones), lo que supone que, desde julio de 2000, los gestores de planes de pensiones en ese país están obligados a hacer público, en sus políticas de inversiones, si tienen en cuenta criterios de responsabilidad social o no y el grado de importancia que juegan los aspectos éticos, sociales y ambientales a la hora de determinar sus inversiones. Esa medida ha sido muy positiva para el crecimiento de la ISR Según instituciones como UKSIF (Foro de inversión Socialmente Responsable de Reino Unido) o el consorcio Just Pensions, el efecto de esta sencilla norma de transparencia ha propiciado que diez años después el 80% de los fondos tenga una política de ISR. El efecto de la aprobación de esta ley hizo que el total de activos gestionados en Reino Unido creciera 4.3 veces en tan sólo dos años. Una parte de esa ISR tiene objetivos vinculados a la sostenibilidad.

Otra vía dentro del desarrollo de la ISR es promover fondos de inversión que tengan como objetivo específico aspectos básicos de una nueva economía verde. ¿Por qué no un Fondo de Inversión dirigido a financiar ambiciosas políticas de rehabilitación de la ciudad existente con criterios de eficiencia energética?.

También cabe que entidades financieras creen, como ya lo hizo Caja Pollensa, libretas con finalidades restringidas a la promoción de negocios sostenibles: reciclaje, transporte público….

Además, estas iniciativas de las entidades financieras podrían contribuir a menguar la creciente brecha que se ha abierto entre la ciudadanía y el sector bancario y a demostrar en la práctica que los gestores de nuestro dinero están pendientes de las necesidades de la sociedad en la que actúan. Para bancos y cajas recuperar la confianza de los ciudadanos es crítico para su negocio. Acciones como la que propuso el exjugador francés Cantona, de retirar todos el dinero de los bancos, expresan ese malestar profundo que se ha creado en amplios sectores de la sociedad.

Los poderes públicos podrían también primar fiscalmente los productos financieros que tienen como finalidad explícita la promoción de la economía verde. En Holanda esta opción ha permitido movilizar más de 20.000 millones de euros para financiar iniciativas vinculadas a las energías renovables, el reciclaje , etc.

Otra línea de acción para allegar fondos privados a la promoción de la economía verde es utilizar el dinero público como estímulo de la inversión privada. El informe Green Jobs, elaborado para el programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), señalaba una iniciativa en esta dirección: el Gobierno alemán, junto con los empresarios de la construcción, los sindicatos y las ONG ambientalistas, promovió la rehabilitación con criterios medioambientales de 340.000 viviendas. El Gobierno invirtió directamente 5.000 millones de dólares, promovió la inversión privada de 20.000… y recuperó 4.000 millones debido a subsidios que no pagó e impuestos adicionales que recuperó. Por tanto, el coste para las arcas públicas de una iniciativa tan ambiciosa fue de 1.000 millones de dólares. Fue, en el buen sentido ¡un buen negocio!.

Estas iniciativas no son algo nuevo ni extraño. En buena medida ya estaban incluidas algunas de ellas dentro de las 58 recomendaciones que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad para promover la RSE en 2006. Las medidas que se sugieren son necesarias para recabar el dinero privado que debe financiar el cambio hacia ese nuevo modelo productivo, hacia esa economía baja en carbono, hacia esa economía verde. Y, por otra parte, han sido probadas ya en otros países con éxito. ¿A qué esperamos? El gráfico adjunto, que se refiere a la introducción de la medida descrita en primer lugar en distintos países, muestra hasta qué punto nos estamos retrasando. ¿A qué esperamos? Pregunto otra vez.

Es tiempo de actuar

Es el momento de dejar de pensar que puede hacer el planeta por ti y pensar qué puedes hacer tú por el planeta.

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