Las negociaciones a tres bandas entre Comisión Europea, Parlamento y Consejo de la Unión Europea en torno a cómo se reformará el actual sistema de homologación de vehículos llega a su fin este próximo 6 de diciembre. Varias organizaciones se han unido en una carta para pedir al gobierno español que sea ambicioso y que asegure un sistema de homologación transparente, efectivo e independiente, que minimice las posibilidades de otro Dieselgate.

Tras el también conocido como escándalo Volkswagen, se hizo evidente la necesidad de reformar el actual y fallido sistema de homologación de vehículos que no logró detectar los dispositivos que falseaban los resultados de emisiones en las pruebas de homologación. Si bien la compañía que asociamos a este escándalo es Volkwagen, han sido muchas más las que han usado software fraudulentos. Tantas, que en distintos medios de comunicación, se llegó a hablar de un “cártel del diésel.”

La Comisión Europea puso sobre la mesa hace dos años una propuesta para la reforma de este sistema de homologación. Esta propuesta fue reforzada por la Eurocámara y debilitada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo de la Unión Europea. La falta de ambición del Consejo se debió sobre todo a países como Italia y Alemania, pero también a España. Es por ello que organizaciones de diversa índole, no sólo ambiental, si no también sindicatos y organizaciones vinculadas a la salud, se han unido para pedirle a nuestro Gobierno, que apoye la propuesta de la Comisión cuidando así de la salud de la ciudadanía y del medio ambiente.

Para ello han escrito una carta conjunta en la que solicitan a nuestros representantes en el Congreso “que hagan lo posible para que la posición española en el Consejo de la Unión Europea sea ambiciosa y apoye a la presidencia estona este 6 de diciembre”. El apoyo a la presidencia estona implicaría, entre otras cosas, una mayor vigilancia de mercado de vehículos durante su ciclo de vida y que las autoridades competentes en la homologación de vehículos puedan ser supervisadas para evitar fraudes como el Dieselgate, pero también para armonizar la forma en la que se homologan vehículos en la Unión Europea.

Víctor Viñuales, de ECODES, una de las organizaciones firmantes, mantiene que “no habrá otra posibilidad como esta, en al menos una década, para controlar de forma más adecuada lo que sale de los tubos de escape de nuestros vehículos, y por tanto, de tener cierto control sobre la calidad del aire que respiramos”.


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