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Jueves 03 de Abril de 2008
La Comisión Nacional de Competencia (CNC), que preside Luis Berenguer, decidió ayer abrir expediente sancionador a cinco patronales de la alimentación por existir indicios razonables de que han concertado la subida de precios del pollo, los huevos y el pan.

Fuente: La Vanguardia

El regulador tiene dieciocho meses para culminar su investigación. Se trata de demostrar que la fuerte subida del precio internacional de los cereales se trasladó directamente al precio de los alimentos básicos como consecuencia de una acción concertada.

La ley de defensa de la competencia prohíbe taxativamente este tipo de prácticas. Cuando suben las materias primas en un determinado sector cada operador tiene que decidir de forma individual si decide mantener precios a costa de reducir beneficios o si por el contrario traslada estos aumentos al mercado aunque le provoque la pérdida de clientes. Lo que no es legal es que todos los actores se pongan de acuerdo para subir precios a costa de los consumidores.

Este expediente tiene su origen el pasado otoño, durante la investigación solicitada por los ministerios de Economía y Agricultura y diversas asociaciones de consumidores. Para entonces, la situación era la siguiente: España había tenido la mejor cosecha de cereales en 15 años. Sin embargo, al ser deficitaria (consume más de lo que produce por la ganadería intensiva) tenía que importar de los mercados internacionales. Los precios habían sufrido un aumento del 15% debido al fuerte aumento del consumo en los países emergentes (India, China, etcétera) y un descenso de la producción de los principales productores (Argentina, Rusia y Croacia) para regular los precios. Las grandes industrias alimentarias aprovecharon para anunciar una fuerte subida de precios en productos básicos de la cesta de la compra (pan, bollería, leche, huevos, pollo, carne...) a pesar de que las materias primas solo inciden un 7% en el precio final.

La dirección de investigación de la CNC estima que parece improbable probar la existencia de acuerdos explícitos entre productores y comercializadores. Sin embargo estas asociaciones realizaron declaraciones públicas y comunicados animando a la subida de precios para neutralizar el aumento de costes. Estas prácticas pueden ir en contra del artículo primero de la ley de competencia, ya que su objetivo final era restringir la competencia.

Por ello ha abierto expediente a la federación de industrias de alimentación y bebidas (FIAB) y diversas asociaciones dependientes de ellas como las correspondientes a la carne de pollo, huevo y panificadoras. (fabricantes de harinas y sémolas, del dulce, los helados, la pastelería de marca, chocolate), pastas alimenticias, salsas y condimentos. La federación española de industrias lácteas (Fenil) ha quedado fuera pese a haber sido investigada.



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