En uno de los primeros artículos publicados en este weblog se comentaba la coincidencia de criterios entre un considerable número de grandes inversores y alguna ONG de desarrollo y de defensa de los derechos humanos, en sus peticiones a la industria farmacéutica. Una iniciativa similar, referida al sector extractivo, amplía el campo de juego y sitúa a los gobiernos entre sus objetivos.
No es el objeto de este post analizar las razones personales o de estrategia política que han movido al protagonista de esta noticia, pero el caso es que el pasado mes de junio el primer ministro británico, Tony Blair, hizo pública la comunicación oficial de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa se apoya, y supone un paso adelante, en el movimiento Publica lo que Pagas (Publish Wath You Pay, PWYP), fundado en 1999 por la organización Global Witness, y apoyado por el millonario Georges Soros, además de por más de un centenar de organizaciones. Entre ellas, de nuevo encontramos a Oxfam International y a Transparencia Internacional, que tradicionalmente ha defendido el vínculo entre corrupción y pobreza. PWYP comenzó su andadura pidiendo a las grandes empresas cotizadas de la industria extractiva transparencia respecto de sus pagos a los gobiernos de los países en los que operan, susceptibles, por su opacidad, de ser desviados de las arcas públicas. Evidentemente, con frecuencia los gobiernos anfitriones no están de acuerdo, y prohíben que estos datos se hagan públicos. PWYP también transmite su exigencia a los gobiernos de los países desarrollados, para que requieran la publicación de estos pagos por parte de la industria extractiva.
EITI fue anunciada por Tony Blair durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, y en junio de 2003 ha hecho públicas sus políticas y procedimientos, que pasan por el diálogo y la búsqueda de cooperación de los diversos agentes implicados: no sólo las grandes multinacionales del sector, sino también las empresas de gestión pública, los gobiernos de los países ricos en recursos naturales, y diferentes ONGs. Porque EITI traslada sus exigencias de transparencia a los gobiernos anfitriones, pidiéndoles que supriman las cláusulas de confidencialidad en los contratos con la industria extractiva. Empresas como BP, Shell, Newmont, Statoil, Rio Tinto y Anglo American, y gobiernos como el de Azerbaiyán, Indonesia, Nigeria, Ghana o Timor Oriental han mostrado su apoyo y compromiso para, por el momento, discutir la iniciativa. Asimismo, los gobiernos de Francia, Noruega y Reino Unido se comprometen a facilitar apoyo diplomático a la iniciativa, y asistencia técnica a los países anfitriones dispuestos a colaborar con EITI.
La guinda, volviendo de nuevo al comienzo de este post, la han colocado quienes están convencidos de que este tipo de iniciativas y requerimientos no van a dañar los beneficios de las compañías mineras o petroleras, es decir, algunos de los principales interesados, más allá de los beneficios para el desarrollo de algunos países, en que los resultados de las empresas crezcan: un grupo de 35 grandes inversores, que en conjunto gestionan más de tres billones de euros en activos, ha mostrado su apoyo a EITI. Entre ellos, además de los inversores institucionales que generalmente aplican algún tipo de criterio de responsabilidad social corporativa en sus decisiones de inversión, como ISIS Asset Management o University Superannuation Scheme, se encuentran Fidelity Investments y Merrill Lynch. ¿Están en el buen camino?
Escrito por Jesús Llaría