Fuente: ComunicaRSE
La proposición no de ley reclama al Gobierno que tenga en cuenta las recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas que recoge el Libro Verde y el Informe aprobado en el Congreso para promover la Responsabilidad Social de las Empresas. La propuesta aprobada por todos los grupos recomienda a todos los órganos de contratación, en todo el ámbito de la Administración General del Estado, que adopte medidas favorables a las personas con discapacidad, especialmente dedicar, siempre que sea posible, un número cierto de trabajadores con discapacidad, y la preferencia de adjudicación de contratos a empresas que acrediten un mayor porcentaje de personas con discapacidad.
Asimismo, le emplaza a impulsar una gestión socialmente responsable de las administraciones públicas mediante actuaciones que favorezcan la transparencia, la cultura del trabajo que crea valor en el seno de la Administración, la conciliación de la vida personal y familiar de los funcionarios, la reducción de las emisiones de CO2, la contratación de personas con discapacidad y en riesgo de inclusión, y la reducción de la temporalidad.