El Consejo de Ministros ha aprobado la firma 'ad referendum' del Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados, hecho en Aarhus el 24 de junio de 1998, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.
Fuente: Troposfera (Fuente original: europapress.es)

El Ejecutivo ha destacado que el Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia de 1979 supuso una "toma de conciencia sobre la gravedad del problema que ya en ese momento constituía la contaminación aérea" en el ámbito de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y acometió la tarea de plantear las estrategias necesarias para su limitación y gradual reducción y prevención.

Así, durante las décadas posteriores ha sido desarrollado de manera más específica a través de ocho Protocolos, de los cuales el relativo a metales pesados aborda el problema del daño producido al medio ambiente y la salud humana en un contexto transfronterizo por la contaminación que generan dichas materias en los procesos industriales y de combustión, disponiendo medidas para prevenir o minimizar sus efectos.

El objetivo principal que se propone es la reducción de las emisiones anuales a la atmósfera de cadmio, plomo y mercurio y sus compuestos con relación a las de 1990, o un año entre 1985 y 1995 elegido por cada país, con un plazo de dos años desde su entrada en vigor para fuentes estacionarias nuevas y ocho (ampliables) para las ya existentes, durante los que se aplicarán las mejores técnicas recogidas en el Anexo III, y los valores limite especificados en el Anexo V.

Se consideran mejores técnicas disponibles aquellas cuya idoneidad práctica sirva de base a los valores límite para prevenir o reducir las emisiones, teniendo en cuenta los costes y beneficios de una medida y los principios de precaución y prevención.

El Protocolo contempla también instrumentos adicionales como el intercambio de información y tecnología entre los países firmantes, la cooperación entre los sectores público y privado, la formulación de estrategias, políticas y programas para poner en práctica el Protocolo y el fomento de la investigación relacionada con el mismo.

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