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Miércoles 14 de Julio de 2010

La Administración, como garante de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente, tiene el deber de prevenir y controlar el riesgo químico. Sin embargo, la descoordinación, la falta de recursos, la dispersión de competencias y la ausencia de iniciativas cuestionan la gestión que lleva a cabo la Administración a la hora de controlar el riesgo químico en España. Es una de las principales conclusiones del estudio Gestión del riesgo químico por parte de las administraciones españolas, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO y que se ha presentado hoy en rueda de prensa.


Fuente: CCOO

El riesgo químico es una amenaza para la salud pública. Se estima que cada año mueren en España 4.000 trabajadores, al menos 33.000 enferman y más de 18.000 sufren accidentes a causa de la exposición a sustancias químicas peligrosas en su trabajo. La incidencia del cáncer laboral en España ocasiona entre 2.933 y 13.587 casos nuevos cada año y entre 1.833 y 8.214 trabajadores mueren de cáncer de origen laboral. Los efectos sobre el medio ambiente son también muy inquietantes, ya que la liberación al entorno de las sustancias químicas provoca la contaminación de los ríos y los mares, del aire, del suelo, de los alimentos y del agua.

Entre otras deficiencias y lagunas en la gestión del riesgo químico por parte de la Administración, el estudio elaborado por ISTAS señala que

  • Ninguna administración, ni central ni autonómica, cuenta con un diagnóstico general de la situación del riesgo químico que integre los diferentes campos de actuación (salud laboral, salud pública, medio ambiente, agricultura). Tampoco existen diagnósticos sectoriales del riesgo químico. Ninguna administración cuenta con una estrategia para prevenir el riesgo químico que defina objetivos y líneas de actuación.
  • Existe una enorme dispersión de competencias. El número de autoridades implicadas en la gestión del riesgo químico es abrumador, solo a nivel central ocho ministerios tienen competencias específicas en gestión y control del riesgo químico y existen centenares de direcciones, subdirecciones y servicios implicados. Cada administración tiene unas prioridades y criterios propios.
  • No existe ningún órgano ni red que coordine a los ministerios implicados en la gestión del riesgo químico. Se observa un elevado grado de aislamiento y disgregación de las actuaciones y se echa en falta una visión integradora. A nivel autonómico la situación es la misma.
  • En general las administraciones sólo cumplen las obligaciones vinculantes y estrictamente obligatorias establecidas por los acuerdos internacionales y la normativa procedente de la Unión Europea. No existe iniciativa propia para elaborar políticas, programas o normativa para prevenir el riesgo químico.
  • Los recursos humanos existentes en las administraciones son insuficientes incluso para cumplir las obligaciones mínimas de control del riesgo químico. Las mayores cargas de trabajo y escasez de personal se encuentran en las autoridades sanitarias y medioambientales, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas.
  • El déficit de personal técnico propio, al ir disminuyendo las plantillas, se intenta paliar con contratación de asistencias técnicas externas que supone una gran pérdida de tiempo y recursos, ya que la Administración está formando continuamente a personal contratado temporalmente.
  • La subcontratación a entidades colaboradoras de las Administración de tareas de control en las comunidades autónomas se percibe negativamente por el personal de las administraciones. La causa es que la responsabilidad legal final de las autorizaciones o de los expedientes sancionadores recae únicamente en los funcionarios por lo que el tarde o temprano el trabajo vuelve a ellos de nuevo.
  • Las posibilidades de participación de las organizaciones sociales y sindicales en las actividades de gestión del riesgo químico por parte de las administraciones son muy escasas.

¿Qué propone CCOO?

1. La elaboración de una estrategia integrada que contemple la salud pública, la salud laboral y el medio ambiente, común a todas las administraciones, conjunta, y que cuente con la participación de todos los involucrados en la gestión del riesgo químico de ámbito estatal a medio y largo plazo. Dicha estrategia debería contemplar objetivos de prevención del riesgo químico con un enfoque de ciclo de vida, medidas y prioridades de actuación, que sirva de marco a la actuación en relación al riesgo químico de todas las administraciones.

2. La creación de una agencia de sustancias químicas, que diera el apoyo científico y técnico necesario y llevara a cabo tareas de interlocución entre diferentes estamentos. Por otro lado, permitiría la posibilidad de desarrollar enfoques integrados en relación con la gestión y el ciclo de vida de las sustancias. Posibilitaría también mejorar la coordinación, homogeneizar las actuaciones, mejorar la información al ciudadano, divulgar las experiencias y dar una mayor relevancia el riesgo químico.

3. Aplicación de indicadores de gestión públicos, que permitan identificar aquellas áreas de actuación mejorables y valorar el progreso en el avance de las mismas.

4. Mayor grado de informatización de las administraciones. Se están realizando esfuerzos en determinadas áreas para la informatización de las gestiones. Sin embargo, aún se utiliza mucho el fax y la solicitud en papel para las gestiones con la Administración. Este cambio facilitaría la disponibilidad de información entre administraciones, el análisis de la información y la elaboración de estadística e informes.


Tanto el informe completo como el resumen puede descargarse en:

www.ccoo.es

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