He tropezado recientemente con un (borrador de) documento elaborado por la CEOE sobre la responsabilidad de las empresas. No es habitual que las empresas reflexionen sobre la institución empresarial; tampoco lo es que los partidos políticos, los sindicatos o las iglesias lo hagan sobre ellos mismos. Y si lo hacen, no informan. Bueno, a lo que íbamos. Aunque sería injusto atribuir a las empresas españolas las opiniones vertidas por la CEOE, el documento disfruta de una cierta significación, por cuanto pretende salir al paso de algunas herejías que empiezan a circular por ahí, que pretenden acotar lo que las sociedades avanzadas pueden esperar (y deben exigir) de la institución empresarial.
Por decirlo de manera sucinta, chez Cuevas se entiende que la responsabilidad social de las empresas debe referirse de manera exclusiva a la creación de la riqueza y empleo, en el marco legal establecido por el Estado. Corresponde a la libertad de las empresas, y a nadie más, decidir si conviene (o no) atender otras demandas sociales. Corresponde al Estado la asunción primera (y casi única) de las responsabilidades sociales o medioambientales; además, debe procurar a las empresas un entorno transparente, flexible y competitivo. Fin de resumen del documento.
Afortunadamente para ellas mismas, algunas empresas españolas empiezan a caminar por derrotas distintas a las propuestas por la CEOE. Simplemente, entienden que las sociedades de nuestros días no son espectadores mudos de las comedias que les toca atender: protestan, aplauden, argumentan y exigen. En parte, su voz se articula a través de los mercados (de producto, de capitales o de trabajo); en parte, hablan por el cauce de los medios de comunicación; en ocasiones, (las peores para las empresas) se expresan de manera indeterminada. Esas mismas empresas saben que el Estado no es, siempre, la mejor garantía. Entre otras razones, porque, realizando actividades en lugares muy distintos, el Estado es español, pero también argentino, filipino, chino o marroquí. La CEOE no precisa. Conviene pues a las empresas españolas percibirse como una institución social, no taparse los ojos y formalizar sus políticas en materia de responsabilidad social, esto es, comprender que el impacto externo de sus actividades (lo que los economistas denominan externalidades) tiene nombres y apellidos, que a veces se quejan. Las empresas españolas que han iniciado este camino no disfrutan de una inclinación especial por la filantropía, como pudiera pretender la CEOE; simplemente quieren disfrutar de un discernimiento mejor sobre la realidad social de nuestros días. Y, en la medida de lo posible, estar al cobijo de sustos. Son empresas.
No creo que los criterios de la CEOE tengan mucho predicamento entre las empresas españolas, especialmente, entre las que están en el mundo, es decir, bastantes. Pero tengo la confianza de que algún día la patronal no se invente los problemas de la empresa española, y entienda que lo que se debate en las instituciones internacionales como la Comisión Europea o la OCDE , generalmente de la mano de las mejores empresas del mundo, no son caprichos izquierdistas. La CEOE nos debe a todos otra reflexión sobre la responsabilidad de las empresas.
Alberto Lafuente (*) Miembro del Consejo Editorial de EXPANSION y La Actualidad Económica