Tradicionalmente, en los países del Sur los desastres han sido y son considerados como hechos puntuales, inevitables e inesperados, generados por la acción extrema de la fuerza de la naturaleza y en consecuencia su estudio se ha centrado en los impactos causados, no en la prevención, así como en un enfoque fisicalista, es decir de observación y estudio de los fenómenos naturales considerados como causantes: seísmos, crecidas de ríos, huracanes, maremotos, tifones, erupciones volcánicas, etc. Esta visión todavía está vigente, de forma interesada. En coherencia con esta visión simple del problema, los esfuerzos institucionales en la atención a las catástrofes se centran habitualmente en acciones de emergencia posteriores como respuesta a los daños, para volver a reconstruir en el mejor de los casos, así como en el monitoreo y la vigilancia de los fenómenos naturales. Este enfoque es completamente insuficiente. No se pregunta el por qué del desastre ocurrido, a partir de un análisis que compare los daños causados por un mismo fenómeno en Estados Unidos, en Japón o en el Caribe, por ejemplo. Una observación crítica nos da rápidamente la idea de que, según el contexto nacional o regional, según los factores sociales, un mismo desastre natural afecta de muy distinta manera. La vulnerabilidad ambiental está íntimamente conectada a la vulnerabilidad social.
La vulnerabilidad social se refiere a la condición en virtud de la cual una población está expuesta a sufrir daños por la ocurrencia de un fenómeno natural o con intervención humana. Pero la vulnerabilidad hace referencia, también, a la capacidad de una población para recuperarse de un desastre. La vulnerabilidad no es, por supuesto, algo estático, sino dinámico y cambiante en función de la atención que se preste a la superación de la pobreza, del desorden territorial, del ataque al medioambiente, de la acción de las constructoras, de los deforestadores profesionales y espontáneos, etc. Por otra parte, las amenazas de catástrofe son distintas: no son de la misma naturaleza las inundaciones que los movimientos sísmicos, una erupción volcánica que una epidemia, una sequía que un incendio, etc. Hay amenazas naturales como tornados, granizadas, seísmos, etc. y amenazas tecnológicas como la contaminación, escapes de sustancias tóxicas, explosiones, etc.
Lo ocurrido estos días en Perú por el fuerte seísmo de magnitud 8 en la escala de Richter tiene una dimensión socio-natural, por más que la causa sea la colisión entre dos placas tectónicas -la continental y la de Nazca- que están en tensión permanente y son responsables de todos los seísmos que tienen epicentro frente a las costas. Precisamente porque se trata de una zona de riesgo el gobierno peruano debería tener una política de Estado de prevención en materia de ordenación territorial, arquitectura y asentamientos de poblaciones. El movimiento de las placas tectónicas en Japón, en particular el choque de la placa del Pacífico con la de Filipinas, hace que las islas tengan una gran inestabilidad geológica. Esto produce unos 1.500 seísmos al año y frecuentes erupciones volcánicas, sin embargo las consecuencias en pérdidas humanas y físicas son escasas. El número de víctimas está vinculado a un modelo de desarrollo, pero también a la ineficacia de los gobiernos. Las miles de casas enterradas en Pisco eran completamente vulnerables. Igual ocurrió hace unos años en Centroamérica con el huracán Mitch. En aquella tragedia murieron unas 20.000 personas de las que el 70% vivían en la extrema pobreza. No es que las catástrofes conspiren contra el desarrollo, sucede que son parte del problema de un determinado modelo de desarrollo que reproduce la pobreza estructural, la depredación ambiental y una inadecuada concentración poblacional derivada de la marcha del campo a las ciudades.
En la región Andina como en el Caribe o en Centroamérica se pueden señalar algunos factores o causas que hacen que veamos con claridad como en la base de la vulnerabilidad por causas naturales se encuentra la vulnerabilidad social:
Para las ONGs, por lo menos para un buen número, estos desastres abren una oportunidad: la de transformar el modelo de desarrollo. No se trata de una mera reconstrucción sobre los mismos parámetros. El Desarrollo Humano Sostenible no puede esperar. A él deben aplicarse los organismos multilaterales, las instituciones públicas y los gobiernos. Sucede, sin embargo, que para ello hay que partir de ver a las víctimas no sólo como gentes que piden ayuda desesperada, sino como personas que tienen derechos, que exigen derechos, frente a los cuales tenemos obligaciones. En primer lugar han de ser los gobiernos de sus propios países; los parlamentos que han aprobado cartas constitucionales y contratos sociales que no cumplen. En segundo lugar los países ricos encabezados por los gobiernos, así como las instituciones internacionales, todos ellos implicados en un orden injusto. En tercer lugar nosotros mismos, la sociedad mundial.
Es desde esta perspectiva de los Derechos Humanos indivisibles que las ONGs emplazan a los gobiernos y a Naciones Unidas y sus agencias a que den cumplimiento a los convenios y pactos internacionales (Cumbre del Milenio) para la erradicación de la pobreza, de la vulnerabilidad ecológica y social, además del alivio sustancial a la deuda externa y la consolidación de la democracia. Pero, somos escépticos. Generalmente los acuerdos internacionales en estos puntos, hechos bajo la presión de las ONGs y de las sociedades civiles, caen en saco roto. Los gobiernos más poderosos y las grandes instituciones inter-gubernamentales y financieras no ven, no asumen los derechos económicos, sociales y culturales de las gentes. No desean combatir la polarización de la riqueza, el monopolio del suelo y de la tierra.
Mucho es lo que hay que cambiar para que un nuevo seísmo en Perú o donde sea no vuelva a hacer tanto daño. Que la tragedia se vuelva oportunidad.
Por: Perales, Iosu