La constatación de que la simple adopción formal de un código de gobierno corporativo no era suficiente para garantizar el adecuado gobierno de las sociedades, junto con el empuje de la filosofía de la responsabilidad social corporativa, llevó a la Association of British Insurers, ABI, a elaborar en 2001 una guía para la divulgación por parte de los consejos de administración de información relativa a la gestión de riesgos sociales, medioambientales o de tipo ético de sus compañías. Las recomendaciones se traducían en once preguntas; ABI recomendaba a los consejos de administración que dieran respuesta a estas preguntas en los informes anuales de las compañías. Entre las mismas: ¿ha identificado y evaluado la compañía aquellos riesgos sociales, medioambientales o éticos que pudieran afectar al valor de la compañía a corto y largo plazo; también, ¿se describen los procedimientos de gestión del riesgo? En caso negativo, ¿cuales son las razones de la no divulgación? Estas recomendaciones partían de la premisa de que las prácticas en materia social, ambiental son indicador de la calidad en la gestión y gobierno de una determinada empresa y contribuyen a la preservación y creación de valor a largo plazo. Conviene recordar que las empresas asociadas a ABI son propietarias de una buena parte de los valores cotizados en la Bolsa de Londres. Curiosamente, un examen a la información pública de Parmalat en los últimos años, de acuerdo a la metodología ABI, lleva a concluir que Parmalat hubiera obtenido la peor puntuación posible. A ABI no le gustan las compañías opacas. A los demás tampoco deberían gustarnos. Demasiado tarde para los carpinteros de Alaska.

Escrito por Ramón Pueyo