Los eurodiputados han perdido la oportunidad de evitar que se repita un escándalo como el de Dieselgate al rechazar el establecimiento de una autoridad reguladora de ensayos europea e independiente. El pleno del Parlamento Europeo ha votado en contra de la creación de una Agencia europea de Vigilancia de Vehículos que hubiera puesto fin al actual sistema, poco fiable, en el que las autoridades reguladoras nacionales se han posicionado de parte de la industria automovilística en vez de la salud de la ciudadanía y del medio ambiente. No obstante, el Parlamento sí ha apoyado una batería de propuestas para reforzar la propuesta inicial de la Comisión Europea para reformar el actual sistema de homologación de vehículos. La conocida como TAFR, por sus siglas en inglés “Type Approval Framework Regulation”
Julia Poliscanova, directora de vehículos limpios y calidad del aire en la ONG europea, Transport and Environment, ha declarado: “Resulta decepcionante que los eurodiputados hayan rechazado la oportunidad de acabar con el Dieselgate mediante la creación de una agencia independiente. Aun así, el Parlamento ha reforzado las nuevas competencias de la Comisión Europea para que pueda realizar ensayos aleatorios de vehículos en carretera e investigar pertinentemente a las autoridades reguladoras nacionales. En general, consideramos que es un buen paquete de medidas para responder al escándalo del Dieselgate que ha envenenado del aire que respiramos.”
Míriam Zaitegui, de la ONG ECODES ha manifestado: “Es una oportunidad perdida. La creación de una agencia realmente independiente hubiera hecho del Dieselgate, historia. Este escándalo no es solamente un fraude al consumidor, es también un problema de salud pública y ambiental. Una agencia con todos los actores representados en ella, desde la industria automovilística hasta las ONGs, hubiera asegurado una transparencia real en los test de homologación sin coste para las arcas públicas, así que no entendemos el porqué de esta decisión. Sin embargo, celebramos que al menos, la Comisión Europea pueda a llegar a tener, de aprobarse la TAFR, mayor capacidad y control sobre los tests aleatorios de vehículos en carretera. Esto ayudará a disminuir la brecha de emisiones entre los ensayos en laboratorio y aquellos realizados en carretera, que actualmente puede ser de alrededor de un 50%”.
Los eurodiputados han votado a favor de otorgar poderes ilimitados a la Comisión para que realice controles a vehículos en carretera y penalice a los fabricantes, así como a las autoridades de homologación nacionales. Los miembros del Parlamento también han apoyado la realización de auditorías independientes por parte de las autoridades nacionales para garantizar que las normativas sobre emisiones se apliquen correctamente, así como la introducción de una nueva base de datos on-line que contenga los resultados de los ensayos y pueda ser consultada por terceras partes, todo ello con el fin de promover una mayor transparencia.
Julia Poliscanova ha concluido: “La investigación del Parlamento sobre el caso Dieselgate ha demostrado que el escándalo de emisiones se debe en gran parte a que las autoridades reguladoras nacionales se han mostrado reticentes o incapaces de garantizar el cumplimiento de la normativa debido a la influencia de los fabricantes de coches. Los Estados miembros deben ahora aceptar las propuestas de los eurodiputados que consisten en reforzar la supervisión de su trabajo y garantizar que la legislación se aplica uniformemente. Los intereses económicos de los fabricantes de coches no deben anteponerse a la salud pública ni a la ley.”
El informe de la investigación del Parlamento sobre el caso Dieselgate (EMIS) ha destacado que las autoridades reguladoras nacionales no han logrado que se cumplan las normas en vigor sobre los dispositivos de manipulación ni han realizado controles rigurosos a los vehículos, permitiendo así la circulación de coches que incumplen la legislación europea. Esto ha provocado que actualmente, por las carreteras europeas, circulen 29 millones de coches y furgonetas que incumplen la normativa. El fraude de Volkswagen y, más recientemente, el trato especial recibido por Fiat no son más que la punta de un iceberg de mentiras ante el cual las autoridades nacionales siguen cerrando los ojos a pesar de los recientes descubrimientos.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente más de 70 000 europeos mueren prematuramente cada año a causa de los altos niveles de dióxido de nitrógeno presentes en nuestras ciudades. Los fabricantes de coches podrían haber evitado muchas de estas muertes si hubieran cumplido con las normas Euro 5 y 6.
“Esperemos que, en el próximo Consejo de la Unión Europea, el próximo 29 de mayo, nuestro gobierno se posicione con la salud la ciudadanía y no vote en contra de la reforma del actual sistema de vehículos. Recordemos que según el mismo Ministerio de Industria, Economía y Turismo, en un informe presentado por este ministerio a la Comisión Europea, los actuales ensayos no permiten detectar dispositivos fraudulentos como el utilizado por Volkswagen en el caso Dieselgate. Sería incomprensible que nuestro gobierno se posicionara, con su voto en el Consejo, del lado de la industria automovolística”, concluye Míriam Zaitegui.
Míriam Zaitegui Pérez
Políticas de cambio climático
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