Durante las últimas semanas han salido a la luz en Cataluña noticias alarmantes sobre pagos de comisiones y prácticas de corrupción que siembran dudas y desconfianza respecto a la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Estas noticias coinciden con los datos de la organización Transparencia Internacional, de acuerdo a la cual la mayor incidencia de corrupción en España se sitúa en el contexto de las obras públicas y las administraciones locales.

Desde la Fundación Ecología y Desarrollo tememos que los actuales acontecimientos se deriven únicamente en enfrentamientos políticos. No puede desaprovecharse la oportunidad para realizar una reflexión en profundidad sobre el necesario desarrollo de políticas activas contra la corrupción, asegurando así un avance práctico hacia la transparencia y la integridad.

Hay que hacer notar que la alarma reciente sobre pagos de comisiones se ha producido en un país, España, cuyas administraciones y empresas se encuentran a la cola del mundo desarrollado respecto a la adhesión a iniciativas internacionales contra la corrupción.

Durante los últimos años, numerosas instituciones internacionales han tomado conciencia de las implicaciones de la corrupción para el desarrollo. La percepción común de la influencia de las prácticas de corrupción, especialmente en los países en desarrollo, ha tenido su reflejo en una preocupación creciente por el combate de la corrupción.

Según cálculos del Banco Mundial, los actos de corrupción equivalen al 5% del PIB mundial y la mala gestión pública y la corrupción pueden ser el obstáculo más grande al desarrollo económico y social al debilitar el estado de derecho y el acceso de los más necesitados a los servicios básicos. Por este motivo, organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, el Banco Mundial y la OCDE trabajan activamente en contra de la corrupción, bien a través de herramientas, grupos de trabajo y criterios de filtrado en sus políticas de crédito, bien mediante el establecimiento de convenciones y protocolos de actuación a los que deben sumarse gobiernos y empresas. La convención internacional que a día de hoy es referencia en la materia, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada por 118 países, no ha sido firmada por España.

El sector privado, consciente de la inseguridad para sus inversiones en un marco de corrupción generalizada, también ha dado pasos hacia una mayor implicación en la lucha contra este problema. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial ha puesto en marcha, en colaboración con Transparencia Internacional, la iniciativa PACI ('Partnering Against Corruption Initiative'), con el fin de comprometer a las empresas de forma oficial con las políticas de transparencia. Las empresas firmantes se comprometen a cumplir los llamados 'Principios PACI', que suponen la "tolerancia cero" con la corrupción, la implantación de políticas prácticas en la materia o, en su defecto, el compromiso de evaluación de la propia gestión de acuerdo con estos principios. Hasta la celebración del Foro de Davos de 2005 se habían sumado a la iniciativa 62 grandes compañías; entre ellas no se encuentra ninguna empresa española.

Por su parte, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, una serie de nueve recomendaciones sobre responsabilidad social corporativa presentadas por el Secretario General de Naciones Unidas en 1999, incluye desde 2004 un décimo principio relativo al combate contra la corrupción desde el sector privado. España es uno de los países del mundo con un mayor número de firmantes de estos principios, si bien la rendición de cuentas respecto de su cumplimiento ha sido, hasta el momento, muy minoritaria.

El problema de la corrupción no es exclusivo de los países en desarrollo, y su incidencia en algunas sociedades desarrolladas, como la española, especialmente en lo que se refiere al acceso a los contratos públicos, contribuye a socavar la equidad, la confianza en las instituciones y el imperio de la ley.

Por estos motivos, la Fundación Ecología y Desarrollo:

• Insta al Gobierno de España a firmar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. España se mantiene como uno de los pocos países europeos que no han firmado esta Convención, adoptada en Mérida (México) en octubre de 2003, y que incluye medidas preventivas muy exigentes respecto a las normas en materia de adjudicación de contratos público.

• Invita a las empresas españolas a establecer políticas formales internas para el combate del soborno, y a sumarse al 'Partnering Against Corruption Initiative' lanzado desde el Foro Económico Mundial.

• Insta a las empresas firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España a comunicar el modo en que están llevando a la práctica la implantación del décimo principio del Pacto, relativo al combate de la corrupción.

• Invita al tercer sector y al tejido asociativo español a traer a su agenda la preocupación respecto a los problemas asociados a la corrupción, como el freno que supone a los programas de desarrollo, su correlación con la pobreza, y su incompatibilidad con una “buena salud democrática”.

• Invita a los organizadores de los eventos de carácter internacional que próximamente pueden desarrollarse en España, la Exposición Internacional Zaragoza 2008, los Juegos Olímpicos de Madrid 2012 y la Copa América 2007 de Valencia, a introducir dentro de sus políticas de contratación y selección de patrocinadores mecanismos que aseguren la transparencia e integridad.

FIN DE COMUNICADO
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Eva González Lasheras
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