La Fundación Ecología y Desarrollo, estando de acuerdo con las razones por la que se rechaza la validez del Estudio de Impacto Ambiental de las transferencias autorizadas por el PHN que se han argumentado en las alegaciones presentadas por muchas entidades sociales, como la Plataforma en Defensa del Ebro, y el Gobierno de Aragón, quiere enfatizar en los siguientes aspectos que fundamentan este rechazo:

La Fundación Ecología y Desarrollo considera que el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, cuyo resultado fue la selección de la opción estratégica que ha establecido la transferencia entre cuencas como la solución al restablecimiento del equilibrio hídrico sostenible en España, no ha valorado suficientemente aspectos esenciales como la aplicación de políticas de gestión de la demanda o la necesidad de una verdadera planificación territorial. Se ha proyectado que más del 40% del agua trasvasada se destinará a abastecimiento urbano. Por ello, resulta totalmente ilógico que se planteen medidas de elevado coste ambiental, social y económico sin haber agotado soluciones que, sin causar efectos negativos ni enfrentamientos, permiten reducir considerablemente la demanda y que, además, ya han sido probadas con éxito tanto en España como en otros lugares.

El rechazo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de transferencias y la necesidad de buscar soluciones distintas a la planteada por el Ministerio de Medio Ambiente, transferencias entre cuencas, se fundamenta en las siguientes razones:

1. Se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto que no cumple los objetivos establecidos por el PHN. La opción seleccionada en la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Hidrológico Nacional (PHN) no contribuirá al restablecimiento del equilibrio hídrico sostenible en España.

2. La transferencia entre cuencas es una solución rígida e irreversible. La gestión de los recursos hídricos en España se va a ver influida en el medio y largo plazo por cuestiones como el futuro de la Política Agraria Común (PAC) o las consecuencias del cambio climático. La transferencia de cuencas no puede adaptarse a los cambios que, con toda seguridad, se van a ir produciendo sin generar grandes pérdidas económicas, ambientales y sociales. Por ejemplo, los años que debido a la reducción de caudal en la cuenca cedente no se pueda transferir la cantidad establecida ¿cómo se van a satisfacer las demandas generadas? O ante una reducción de la demanda debido, por ejemplo, a cambios en la PAC ¿se seguirá transfiriendo la misma cantidad aunque no sea necesaria con los consiguientes costes ambientales y sociales que generaría o se trasvasará menos, lo cual implicará un coste más elevado desde el punto de vista puramente económico? y en este último caso, ¿quién financiaría el sobrecoste del agua trasvasada, los usuarios o todos los españoles a través de subvenciones a los usuarios?

3. La experiencia del trasvase Tajo-Segura prueba que esta “solución” empeora los problemas. El trasvase Tajo-Segura, en funcionamiento hace más de 20 años, es una prueba de que las transferencias entre cuencas no van a contribuir a solucionar los desequilibrios hídricos en España, sino que por el contrario, han generado problemas como el incremento del déficit hídrico, la destrucción de espacios naturales y promoción de una agricultura insostenible, el fomento del mercado negro del agua y de usos ilegales, la sobreexplotación de los recursos hídricos en la cuenca cedente como consecuencia de la contaminación química y el deterioro de los ecosistemas acuáticos y el aumento de los desequilibrios sociales y territoriales, ya que los beneficiarios del trasvase han sido las grandes empresas agrícolas y las empresas de construcción, quedando al margen los agricultores tradicionales.

4. Es necesario realizar un nuevo proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Este proceso debería, en primer lugar, interrelacionar la gestión de los recursos hídricos con la planificación territorial. Es esencial un verdadero ordenamiento de las actividades agrícolas, industriales y turísticas de las cuencas definidas como deficitarias para estimar correctamente la demanda. En segundo lugar, la aplicación de una política de gestión de la demanda permite obtener soluciones a corto plazo mientras se realiza una planificación sostenible para el medio y largo plazo. Por último, valorada la demanda de agua resultado de aplicar correctamente las políticas de planificación territorial y gestión de la demanda, debería iniciarse un nuevo proceso de Evaluación Ambiental Estratégica en el que se analizasen opciones estratégicas combinadas más flexibles ante los cambios previsibles que afectarán a la gestión de los recursos hídricos en España.

5. Los abastecimientos urbanos de la cuenca receptora todavía no aplican alternativas probadas para gestionar eficientemente la demanda de agua. El proyecto establece que más del 40% del agua trasvasada se destinará a abastecimiento urbano. Es un sinsentido que sin haber adoptado muchas de las medidas de gestión de la demanda de agua - ¡que no tienen ningún efecto colateral adverso ni desde el punto de vista ambiental ni desde el socioeconómico! – se opte por una solución irreversible, más cara, con grave impacto ambiental y que provoca graves conflictos sociales. Poniendo una metáfora médica: ¿por qué amputar con cirugía agresiva, perjudicando para siempre al paciente, si se puede obtener mejores resultados con medidas sin tan graves efectos “secundarios”? La coordinación de medidas como eficiencia en las redes de distribución, reciclaje y reutilización de aguas, programas sectoriales (doméstico, industrial, comercial, institucional) de ahorro que incluyen actuaciones como campañas de sensibilización, tarificación e introducción de tecnologías eficientes y medidas de gestión normativa y administrativa garantizaría una reducción considerable de las necesidades de las cuencas denominadas deficitarias.

6. El trasvase provoca una gran fractura social. El trasvase proyectado enfrenta territorios y pueblos como hasta ahora nada lo había hecho en los 25 años de democracia. Sobran las razones ambientales, sobran las razones económicas, para un Gobierno responsable del gobierno de 17 Comunidades Autónomas en España debería bastarle la constatación de la ruptura de la convivencia civil entre las Comunidades Autónomas implicadas. La fractura social y territorial que el trasvase provoca no es asumible por una nación con 17 Comunidades Autónomas.