En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Narbona explicó que estos mapas del ruido deberán existir para las aglomeraciones urbanas con población superior a los 250.000 habitantes; los ejes viarios con más de seis millones de vehículos; los grandes ejes ferroviarios con un tráfico superior a 60.000 trenes al año; y los grandes aeropuertos donde se producen más de 50.000 movimientos al año.

Narbona insistió en que este texto se ha elaborado "con la colaboración y la aquiescencia de las Comunidades Autónomas" que serán las instancias que ejercitarán la normativa del ruido.

El documento aprobado por el Consejo de Ministros es un Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y sus efectos nocivos.

La Ley del Ruido tiene por objeto la regulación de la contaminación acústica para evitar o reducir los daños que pueda provocar en la salud humana, los bienes o el medio ambiente.

Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones que impliquen molestia o daños para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos en el medio ambiente.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en la misma rueda de prensa que los españoles "somos quizá más conscientes de otro tipo de contaminación y no tanto del ruido", a pesar de que afecta a la salud y a la convivencia ciudadana. Con la nueva normativa se pretende "fomentar un ambiente de más calidad y menos agresiones acústicas", agregó Fernández de la Vega.

El Real Decreto tiene por objeto la evaluación y gestión del ruido ambiental, con la finalidad de prevenir, reducir o evitar los efectos nocivos, incluyendo las molestias derivadas de la exposición al ruido ambiental, según el ámbito de aplicación de la directiva comunitaria que se incorpora.

Mercado del agua
Además, la reunión del Consejo de Ministros ha dado luz verde a la regulación de un nuevo "mercado de agua", que beneficiará a las cuencas del Segura y el Almanzora (Almería) y que permitirá comprar y vender derechos de uso del agua para aliviar la falta de recursos que se puede presentar como consecuencia de la sequía.

Considerado como "embrión" de los futuros bancos de agua, este mercado permitirá traspasar agua de unas cuencas a otras a través de las infraestructuras ya existentes: la conexión entre los embalses de Negratín (Granada) y Almanzora (Almería) y la que existe entre el Tajo (desde los embalses de Entrepeñas y Buendía) y el Segura.

El decreto ley aprobado -que convalidará el Congreso el próximo jueves- beneficiará a las cuencas del Segura y el Almanzora, subrayó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien advirtió de que la norma no modifica la regulación del trasvase Tajo-Segura ni del Negratín-Almanzora.

Según el Gobierno, a pesar de las lluvias caídas durante los últimos tres meses, es "previsible" que la próxima campaña de riego no sea normal a causa de la sequía, por lo que resultará "imprescindible" realizar transacciones de derechos del uso del agua.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordó que el intercambio de agua entre cuencas está previsto en la Ley de Aguas vigente aunque requiere una norma específica para ponerse en marcha.