Fuente: El País
El tramo ministerial de la cumbre concluyó ayer con la convicción de que la sexta extinción de las especies es actualmente imparable. En 1992 parecía factible frenar la pérdida de biodiversidad en 2010. Hoy, los 122 representantes de los 198 países firmantes del protocolo de Río de Janeiro -salvo Estados Unidos, Irak y Corea del Norte- admitieron que no se podrá conseguir. Ni siquiera fueron capaces de fijar una nueva fecha que sustituya a la de 2010. El problema no es menor. Sólo entre 2000 y 2002 la lista de especies animales amenazadas pasó de las 10.000 a casi las 16.000. En total, y contando las plantas, hay 76.000 especies amenazadas (el 4% del total).
Los representantes discutieron durante tres días cómo conservar las especies que quedan y cómo finaciar esta conservación. Entre las ideas expuestas están aumentar la autofinanciación, es decir, que los países con mayor riqueza ambiental sean los que obtengan y distribuyan sus recursos. El ejemplo más citado es Costa Rica, donde con un impuesto sobre el petróleo permite pagar 50 dólares anuales por hectárea a los dueños de los bosques para que no los talen.
La financiación internacional topa con dificultades. El Fondo Mundial Ambiental (GEF, en sus siglas en inglés) es incapaz de aportar recursos, y lo obstaculiza el anuncio de EE UU de reducir a la mitad su aportación, que es casi la cuarta parte de los 12.500 millones de euros que maneja.
Sin embargo, tras 14 años de reuniones y siete cumbres, en algunos temas se vislumbran avances. Uno de ellos, según el secretario general español para la Biodiversidad, Antonio Serrano, es el acceso y distribución de los beneficios genéticos. Esto incluye el pago a los indígenas y a los países ricos ambientalmente (llamados en la conferencia biodiversos) de una compensación por el uso de sus recursos. "Ha sido un día satisfactorio. Por primera vez nadie se opone a discutir la regulación internacional de este sistema", dijo Serrano en una rueda de prensa para los medios españoles organizada por la Fundación Biodiversidad, dependiente del ministerio.
El objetivo, según Serrano, es tener en 2008 un sistema internacional -habrá que ver en qué medida obligatorio- de compensación para los países y pueblos indígenas que aportan recursos y conocimientos tradicionales. Esta reglamentación debería ser discutida y acordada en la siguiente Conferencia de las Partes, y entraría en vigor en 2009.
La idea del sistema es que, por ejemplo, una compañía farmacéutica pague a un país por explotar las propiedades medicinales de una planta hallada en su territorio y si la empresa llegó a esta planta gracias a la información suministrada por los pueblos indígenas.
Aunque se trata de una acuerdo para empezar a establecer la regulación es "poner la primera pica", dijo Serrano. Un optimismo que no comparten las organizaciones ecologistas presentes en la cumbre, como Greenpeace, que el martes dio su anti-premio Pelota Desinflada (representada por un globo terráqueo vacío) a la UE por demorar al menos dos años la puesta en marcha de este sistema de compensación.