Fuente: EL PAÍS
Los impuestos medioambientales van a constituir la principal novedad fiscal en esta legislatura. El Gobierno pretende crear una serie de tributos verdes (algunos de ámbito estatal, pero la mayoría, de competencia autonómica y local) con un doble objetivo. En primer lugar, evitar el despilfarro de unos recursos escasos. Y en segundo lugar, paliar la pérdida de recaudación que ocasionarán las rebajas fiscales que ultima el Gobierno en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el de sociedades, que abonan las empresas por sus beneficios.
"Existe una necesidad de avanzar en estos impuestos para que sean más parecidos a la media europea", aseguró ayer Pedro Solbes en una jornada sobre los Presupuestos de 2006 organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección. En el agua, el planteamiento es establecer tasas que graven el consumo, en concepto de saneamiento, depuración o algo similar, aseguró el vicepresidente. Actualmente, el agua está gravada con una tasa municipal, además del importe correspondiente al consumo. Sin embargo, muchos Ayuntamientos, en general los que tienen abundancia de agua, no cobran nada. El secretario de Estado de Hacienda criticó esa práctica y subrayó el efecto beneficioso que supondría que "la mitad de los Ayuntamientos que no cobran agua la cobraran".
Fernández Ordóñez aclaró que, más que fijar tributos obligatorios, se trata de dar capacidad a comunidades y Ayuntamientos para que los apliquen, pues esas competencias suelen recaer en las administraciones territoriales.
Respecto al petróleo, "el estímulo al consumo es alto", según Solbes, que se mostró partidario de reducir esos incentivos con impuestos más altos, algo que facilitaría, además, el cumplimiento por parte de España de los compromisos medioambientales de Kioto. Su número dos aludió también a los hidrocarburos (ya gravados con IVA e impuestos especiales) como otro de los elementos sobre los que elevar la carga fiscal. Fernández Ordóñez reconoce que el momento actual no es adecuado por el alto precio de los carburantes. En todo caso, la UE obliga a elevar esos impuestos para acercarlos a la media europea.
Residuos contaminantes
El secretario de Estado citó también los residuos contaminantes y el tabaco como potencialmente gravables.
De cualquier forma, los cambios no serán inmediatos. La prioridad son las reformas del IRPF y del impuesto de sociedades. La primera está casi terminada, según Hacienda, aunque su avance dependerá del "calendario parlamentario", es decir, de que se encuentre el momento para debatirla. El Gobierno pretende rebajar el tipo máximo del IRPF, simplificarlo y reducir las deducciones por fondos de pensiones. En sociedades, se pretende rebajar el tipo general (35%) hacia el entorno del 30% y eliminar parte de la gran cantidad de deducciones existentes.
Tanto Solbes como Fernández Ordóñez defendieron los efectos beneficiosos de una subida moderada de tipos de interés para la economía española. El ministro considera "más acorde con las necesidades actuales del país" este previsible aumento del precio del dinero el año próximo, de forma que desacelere algo el crecimiento menos productivo (consumo y compra de vivienda) a favor de la inversión real. El secretario de Estado considera que esa eventual subida proporcionará un "enorme beneficio" a la economía española. No obstante, defendió la inversión en vivienda como "la mejor que puede hacer un español" para garantizar su vejez y dijo entender que los jóvenes se endeuden 30 años para adquirir un piso "en lugar de viajar".